El estudio comienza definiendo el escenario de ruptura:
El estudio de InSight Crime sobre la evolución del Estado venezolano hacia un Estado criminal híbrido ofrece una visión detallada y preocupante de la compleja dinámica de poder y criminalidad que caracteriza al régimen de Nicolás Maduro.
La investigación argumenta que esta hibridez, donde actores estatales y grupos armados ilegales se entrelazan en una dinámica de gobernanza y criminalidad, se ha profundizado bajo el régimen de Maduro, quien la ha utilizado como herramienta para mantenerse en el poder frente a diversas crisis (p. 5).
El informe identifica tres pilares fundamentales de este Estado híbrido: grupos armados híbridos, gobernanza híbrida y economías híbridas, y revela cómo la intersección entre actores estatales y grupos armados ilegales ha permitido al régimen mantenerse en el poder, pero a un costo significativo para la sociedad venezolana.
Uno de los aspectos más alarmantes del Estado híbrido venezolano es la proliferación de grupos armados híbridos, organizaciones que operan en una zona gris entre la legalidad y la ilegalidad, coordinando sus acciones con el Estado para alcanzar objetivos comunes (p. 7). Estos grupos, que incluyen colectivos, guerrillas y bandas criminales, han sido empleados por el régimen para reprimir la disidencia política, controlar territorios estratégicos y participar en lucrativas economías criminales.
Los colectivos, por ejemplo, son grupos paramilitares que actúan como brazo armado del régimen, aterrorizando a la oposición y manteniendo el control social en barrios y comunidades (p. 6). El informe señala que estos grupos «pasaron de ser ideológicos a recibir entrenamiento militar» con el propósito de «combatir a la oposición» (p. 6).
Las guerrillas, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC, han establecido alianzas con el régimen, recibiendo protección y acceso a recursos a cambio de su apoyo en la lucha contra grupos armados rivales y en la explotación de economías ilegales como el narcotráfico y la minería ilegal (p. 8). El estudio documenta cómo lo que comenzó como un apoyo ideológico a su lucha evolucionó en una coordinación sistemática y en intercambios de recursos y servicios como armas, suministros y lavado de dinero, todos dirigidos al logro de objetivos estratégicos comunes.
La gobernanza híbrida, otro pilar fundamental del Estado criminal, se manifiesta en la delegación de funciones estatales a grupos armados ilegales, creando una situación en la que el Estado y el crimen organizado comparten el control de territorios y poblaciones (p. 10). Un ejemplo paradigmático de esto es la cesión del control de las cárceles a los «pranes», líderes de bandas criminales que ejercen un poder absoluto dentro de los penales, imponiendo sus propias reglas y participando en actividades ilícitas como el tráfico de drogas y armas (p. 10). El informe cita a la exdirectora nacional del sistema de prisiones, Mónica Fernández, quien afirma que «el pran es una autoridad» y que «con ellos las cosas funcionan bien» (p. 10), lo que ilustra la aceptación por parte del Estado de esta forma de gobernanza híbrida.
Otro ejemplo de gobernanza híbrida son los acuerdos de «Zonas de Paz», en los que el Estado se retira de territorios controlados por bandas criminales a cambio de una supuesta reducción de la violencia (p. 10). Sin embargo, estos acuerdos han resultado en la consolidación del poder de las bandas y en la creación de zonas de impunidad donde el Estado no tiene presencia efectiva.
El tercer pilar del Estado híbrido venezolano son las economías híbridas, en las que actores estatales y grupos armados ilegales se benefician de la explotación de recursos y cadenas de suministro (p. 9, 12). El contrabando de combustible, el tráfico de oro y la venta de productos subsidiados en el mercado negro son ejemplos de estas economías, que generan enormes ganancias para las redes criminales y para funcionarios corruptos.
El informe destaca cómo el estado Bolívar, rico en oro, se ha convertido en un microcosmos de estas nuevas economías híbridas, donde «actores políticos y fuerzas de seguridad de todo tipo de jerarquía… todos ávidos de ganancias del oro» se alinean con distintos grupos armados que participan en la minería (p. 13).
La corrupción, en todas sus formas, es un elemento transversal del Estado híbrido (p. 8). La falta de transparencia y la impunidad permiten que funcionarios públicos y militares se enriquezcan a través de sobornos, extorsión y participación en actividades ilícitas. Esta corrupción sistémica erosiona la confianza en las instituciones y perpetúa la desigualdad social, ya que los beneficios de la economía ilegal se concentran en manos de unos pocos. El informe cita a un oficial retirado del Ejército que afirma: «Todas las fuerzas de seguridad son mercenarios actualmente» (p. 12), lo que refleja la profunda penetración de la corrupción en las instituciones estatales.
El informe de InSight Crime señala que si bien el Estado híbrido ha sido una herramienta efectiva para la supervivencia del régimen de Maduro, también ha generado una serie de problemas graves, como la corrupción desenfrenada, la violencia descontrolada y la erosión de la democracia. En la actualidad, Maduro enfrenta el desafío de reformar este Estado híbrido para lograr una mayor legitimidad interna e internacional (p. 42).
Sin embargo, la reforma del Estado híbrido plantea una serie de dilemas para el régimen. Por un lado, Maduro necesita mantener el apoyo de los grupos armados que le brindan control territorial y capacidad de represión. Por otro lado, necesita proyectar una imagen de mayor control y legitimidad para atraer inversiones y reducir el aislamiento internacional. El informe señala que Maduro está intentando establecer un Estado híbrido «más confiable, más fácil de controlar y de más bajo perfil, aunque no menos criminal» (p. 43), lo que implica una estrategia de cooptación y control de los grupos armados, así como una reducción de las economías híbridas más visibles y dañinas.
El estudio de InSight Crime ofrece un análisis profundo y revelador de la compleja realidad del Estado híbrido en Venezuela. A través de una investigación rigurosa y el uso de testimonios de primera mano, el informe documenta cómo la intersección entre actores estatales y grupos armados ilegales ha permitido al régimen de Maduro mantenerse en el poder, pero a un costo enorme para la sociedad venezolana. La corrupción, la violencia y la impunidad son características definitorias de este Estado híbrido, que plantea serios desafíos para el futuro de Venezuela.
El informe concluye que el futuro del Estado híbrido en Venezuela es incierto. Si bien Maduro ha logrado hasta ahora mantener el control de esta compleja dinámica, existen riesgos latentes, como la posibilidad de perder el control de los grupos armados o de que la criminalidad desbordada genere un mayor rechazo interno y externo. El desafío para Maduro será encontrar un equilibrio entre la necesidad de mantener el apoyo de los grupos armados y la necesidad de proyectar una imagen de mayor legitimidad y control. En última instancia, el futuro de Venezuela dependerá de la capacidad del régimen para desmantelar las estructuras criminales y corruptas que sustentan el Estado híbrido y construir un sistema de gobierno basado en el Estado de derecho, la transparencia y el respeto a los derechos humanos. La comunidad internacional tiene un papel crucial que desempeñar en este proceso, apoyando a la sociedad civil venezolana y presionando al régimen para que emprenda reformas genuinas que conduzcan a la restauración de la democracia y el Estado de derecho en el país.