«De confirmarse un uso abusivo de la fuerza letal por cuerpos de seguridad y la participación de civiles armados actuando con la connivencia de dichos cuerpos, los responsables deben rendir cuentas«, afirmó la presidenta de la Misión, Marta Valiñas.

La ONU exigió la liberación de los detenidos durante las protestas. Así como centeanares de actividas y organizaciones han hecho lo propio.

Por su parte la ONU analizó los datos publicados por diversas organizaciones de derechos humanos y determinó que al menos 1.260 personas fueron detenidas desde el 28 de julio, entre ellas 160 mujeres y más de 100 niños, niñas y adolescentes. 

“La misión reclama con firmeza que los niños, niñas y adolescentes detenidos sean tratados con estricto apego a las normas internacionales de protección de la niñez, respetando su interés superior”, ha señalado el jurista Francisco Cox, experto de la misión de la ONU, citado en un comunicado.

Por su parte, el gobierno de Nicolás Maduro informó que detuvo a 2.200 «terroristas» adelantando claramente una opinión que terminaría por confirmar los abusos desde el Estado, en el uso de la fuerza coactiva. 

Las detenciones fueron arbitrarias, según la misión de Naciones Unidas, debido a que los detenidos quedaron «desprotegidos ante el sistema judicial al enfrentar audiencias telemáticas sumarias, llevadas a cabo por tribunales con competencia en terrorismo de Caracas, pese a que muchos de los casos que trató habían ocurrido en otro lugar del país».

Asimismo, la instancia de la ONU indicó que hubo «imputaciones de graves cargos penales como terrorismo, conspiración y delitos de odio, sin pruebas que lo fundamenten o aplicados de forma desproporcionada».

Así mismo, se señaló que se negó información a familiares o se brindó información tardía e incompleta y han quedado claro los impedimentos para el nombramiento de abogados de confianza de las personas detenidas. Tal y como hen venido denunciando los Defensores de DDHH del país.

Es importante destacar que el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) con sede en La Haya, ha anunciado este lunes que «sigue activamente los acontecimientos actuales y recibió numerosos informes de violencia y otras denuncias tras las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela», según reportes de  AFP.   A lo que agregó  que había «entablado un diálogo con el gobierno venezolano al más alto nivel para subrayar la importancia de garantizar el respeto del Estado de derecho en estos momentos».